Miguel Jorge
EditorLa última gran batalla de Google y Apple posiblemente no la esperaba nadie. Literalmente y aunque suene extraño, el Parlamento británico ha acusado públicamente a ambos gigantes de beneficiarse indirectamente del auge del robo de teléfonos móviles en la nación, una actividad delictiva valorada en millones de libras y presuntamente coordinada por redes organizadas con ramificaciones en Reino Unido, Argelia y China.
Una epidemia de hurtos. Contaba el Guardian que solo en Londres se robaron 80.000 dispositivos en 2024, un aumento del 25% respecto al año anterior, con un valor estimado en la calle de 20 millones de libras, siendo los iPhone los más codiciados.
Los parlamentarios exigen que ambas compañías impidan que los dispositivos robados puedan acceder a sus servicios en la nube, una medida que reduciría drásticamente su valor de reventa y que la Policía Metropolitana lleva solicitando desde 2023 sin éxito. La negativa de las tecnológicas ha generado indignación entre los diputados, que acusan a ambas empresas de proteger sus beneficios por encima de la seguridad pública.
Resistencia empresarial. Por su parte, los representantes de Apple y Google se han defendido ante el comité parlamentario invocando razones de privacidad y prevención del fraude. Apple argumentó que desconectar dispositivos de sus servicios podría abrir la puerta a abusos, como chantajes o manipulaciones por parte de delincuentes que pretendan suplantar a los propietarios legítimos. Google, por su parte, aseguró que su sistema actual es robusto y eficaz.
Sin embargo, las explicaciones no han convencido a los diputados. El exministro de Policía Kit Malthouse acusó a Apple de actuar con lentitud deliberada y de tener un incentivo económico evidente: si los robos cesaran, también lo harían muchas de las ventas de reposición y los ingresos derivados del uso continuado de servicios en teléfonos robados. Gary Davis, de Apple, negó que la empresa obtenga beneficios de esta crisis, alegando que han invertido cientos de millones en funciones de protección y que no desean que sus usuarios pasen por la experiencia traumática de un robo.
La respuesta policial. Según datos de la Policía Metropolitana, dos tercios de los robos en Londres están relacionados con móviles, aunque en los últimos meses se ha observado una leve reducción del 15% en los delitos generales gracias a una mayor prioridad policial y a un aumento en la cautela de los ciudadanos. Para combatir la modalidad más frecuente (los robos cometidos por jóvenes en bicicletas eléctricas de alta velocidad) Scotland Yard ha adquirido recientemente su propia flota de e-bikes con las que perseguir a los ladrones.
El comandante James Conway describía en los medios un modus operandi inquietante: adolescentes que cometen decenas de robos en serie, envuelven los teléfonos en bolsas de Faraday para evitar la localización, y los entregan rápidamente a intermediarios para ser vendidos o exportados fuera del país. La mayoría de estos móviles acaban en mercados internacionales, especialmente en países de bajos ingresos donde los precios de los dispositivos son prohibitivos y existe una demanda constante de teléfonos reacondicionados.
Mercado negro sofisticado. Los dispositivos robados, especialmente los modelos más recientes y caros de Apple, se venden en la calle por entre 300 y 400 libras. Más del 90% se reutiliza directamente, mientras que el resto se desmantela para extraer piezas valiosas como pantallas y baterías. Esta economía paralela se ve favorecida por la falta de una acción coordinada por parte de los gigantes tecnológicos para inutilizar estos dispositivos, y por la facilidad con la que pueden ser blanqueados y revendidos a través de canales internacionales.
Contaba la BBC que la sesión parlamentaria arrancó esta semana con un testimonio simbólico: el propio Malthouse relató cómo, esa misma mañana, fue testigo de un intento de robo por parte de dos jóvenes encapuchados en bicicleta mientras se dirigía al Parlamento. El hecho reflejaba que, pese a los esfuerzos policiales y las campañas de concienciación, el problema persiste con intensidad y requiere, según los legisladores, un compromiso más firme por parte de las empresas tecnológicas.
Solución compartida. Es la última de las patas a analizar. El debate suscitado en Westminster pone sobre la mesa una tensión cada vez más visible: la responsabilidad ética de las grandes tecnológicas frente a los efectos colaterales de sus propios productos. Si bien Apple y Google defienden sus políticas como escudos para la privacidad, los parlamentarios exigen un enfoque más proactivo, que contemple el impacto social del uso indebido de sus dispositivos y plataformas.
La desconexión de la nube, aunque técnicamente delicada, podría representar una herramienta disuasoria fundamental para desincentivar el robo masivo. Así, el Parlamento británico no solo busca proteger a los ciudadanos de su capital, sino sentar un precedente internacional que obligue a las empresas a asumir un papel más activo en la seguridad pública en la era digital.
Imagen | troshy
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